Masacre de Iguala
cambiael
ajedrez político en Guerrero
El artero asesinato de 3 normalistas de
Ayotzinapa y el incierto paradero de otros 43, coloca a las puertas de su
renuncia al gobernador Ángel Aguirre Rivero y dinamita las aspiraciones a
sucederlo del senador, Armando Ríos
Piter, ligados ambos al grupo de Los Chuchos, que protegió al ex alcalde
igualteco, José Luis Abarca Velázquez; sus cuñados operaron en Guerrero a favor
del Cártel de los Beltrán Leyva
Por José Flores / enviado / Fotos Especiales
IGUALA, Gro.- El brutal asesinato
de tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y la desaparición de 43 más, en
el municipio de Iguala, ha alterado la apuesta política que el PRD tenía
contemplada para conservar la gubernatura de Guerrero y el control político del
estado, teniendo como punta de lanza al senador Armando Ríos Piter, en las
elecciones del año entrante. Ahora, todo se ha alterado al punto de colocar con
un pie en el estribo, al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, ante las
exigencias de juicio político en su contra; el ex priísta, daba como segura la
designación de su hijo Ángel Aguirre Herrera –diputado local–, como candidato
al puerto de Acapulco. Ahora, todo se tambalea para todos.
La represión
cometida con inaudita barbarie a los jóvenes normalistas, no sólo dio un giro
total a las expectativas planteadas sino que puso al descubierto lo que la
dirigencia tanto local como nacional del Sol Azteca, pretenden negar y ocultar
a los electores: la existencia de una creciente narcopolítica en sus filas, al
grado de que al ahora alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, se le
relaciona con operadores del mermado Cártel de los Beltrán Leyva. Muy al estilo
de lo que ocurrió en Michoacán con presidentes municipales que fueron impuestos
y manejados por los Caballeros Templarios.
Tomados por
sorpresa por los sangrientos hechos, tanto las autoridades estatales como
municipales, se han guardado de traer a colación un tema bien conocido en
Iguala y en muchos de los municipios de la región de la Tierra Caliente, como
lo es la estrecha relación de diversos munícipes con operadores de los grupos
delincuenciales. Avasallante realidad bien conocida por el perredismo
guerrerense, pero soterrada ante el temor del descrédito.
Iguala es un
ejemplo claro de ello pues la esposa de Abarca Velázquez, María de los Ángeles
Pineda Villa, es nada menos que hermana de Alberto Pineda Villa, conocido
lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva en la entidad. De hecho, una de
las células que operan en la región es comandada por Salomón Pineda Villa,
hermano menor de la Presidenta del DIF y primera dama de ese municipio.
Regidos por
pactos y acuerdos con los capos de la droga, decenas de municipios de Guerrero
han actuado de acuerdo a las órdenes de los cárteles que les han impuesto a sus
incondicionales para ocupar cargos en las áreas de seguridad pública, por lo
que resulta imposible de creer que el gobernador ignorara la situación. Por
ejemplo, Abarca Velázquez tuvo el visto bueno de sus poderosos cuñados para
colocar al frente de la Seguridad Pública Municipal a su primo y compadre
Felipe Flores Velázquez, quien tras los hechos violentos suscitados el pasado
día 26, la Policía Ministerial del Estado, comprobó lo que se decía en la
región: que el funcionario de dedicó a "clonar" las patrullas de la
policía municipal para que sus elementos pudieran realizar "trabajitos
especiales".
Tras las
pesquisas se hallaron tres de esos vehículos en los terrenos de la feria
municipal: dos tenían número (025 y 007) y otro no. Los tres carecían de
placas. Los números no coinciden con los que estudiantes de la normal de
Ayotzinapa identificaron como aquellos a los que fueron subidos sus compañeros
la noche del viernes, es decir, las marcadas con los dígitos: 017, 018, 020,
022 y 028, según el resumen del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
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Es por eso de
entenderse que la sublimada violencia no fue, de ninguna manera, por generación
espontánea pues ya con antelación tanto Ángel Heladio Aguirre como Abarca Velázquez,
dieron muestra de su vocación represiva y complicidad en contra de los
normalistas de Ayotzinapa y de sus detractores políticos. Baste recordar que el
12 de diciembre de 2011, por demandar un diálogo con las autoridades, al que
sistemáticamente se negó el gobernador, los estudiantes de esa institución
obtuvieron como respuesta el asesinato de varios de sus compañeros. Su
problemática era conocida de tiempo atrás por Aguirre Rivero, pues siendo
gobernador interino --tras la caída de Rubén Figueroa, luego de la matanza de
Aguas Blancas, registrada el 28 de junio de 1995, en la que murieron 17
campesinos--, no dudo en mandarles como contestación a sus demandas, sendas
palizas.
Desde entonces, el hoy gobernador les tomó animadversión a los alumnos
de la emblemática escuela.
En junio de 2013
fueron asesinados en Iguala tres activistas del Frente de Unidad Popular (FUP),
que habían sido secuestrados días antes: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael
Bandera Román y Ángel Román Ramírez, habían organizado diversas protestas en
contra del presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez. Tras la muerte de
los activistas, de militancia perredista, la viuda de uno de ellos señaló al
hoy cuestionado alcalde, como autor intelectual de los crímenes y simpatizantes
de las víctimas tomaron el palacio municipal. Curiosamente, Abarca Velázquez
fue investigado y exonerado, vía fast track, por la procuraduría
estatal, lo que puso en claro la protección que gozaba de parte del gobierno
del Estado
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De esta forma, el
asesinato a mansalva y la desaparición de los normalistas es el más reciente
episodio de una cronología de homicidios de estudiantes, dirigentes y
activistas campesinos en Guerrero, ninguno de los cuales ha sido esclarecido.
Apenas el 17 de septiembre pasado, en Ometepec, fue asesinado Javier Evaristo
Bautista, integrante de la agrupación Unidad Izquierda Guerrerense. No es de
extrañarse entonces que la propia fiscalía del Estado haya buscado endosar como
origen de la masacre, el que los estudiantes normalistas pretendieran
“secuestrar” autobuses, como si esto fuera justificante para la brutal
represión, cuando en realidad llegaron el pasado viernes a Iguala con el fin de
"botear" para allegarse recursos para estar presentes en la marcha
del 2 de octubre en la ciudad de México.
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Cabe señalar que
durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, y de acuerdo con datos del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se han registrado al
menos 60 agresiones o ataques contra organizaciones sociales, estudiantiles, de
defensores de derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas y campesinas,
entre los que se encuentran el asesinato de Rocío Mesino Mesino, líder de la
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); el de Raymundo Velázquez
Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, y el
secuestro y homicidio de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y
Ángel Román Pérez, líderes de la Unidad Popular de Iguala, por citar sólo
algunos de los más relevantes. De tal suerte que en Guerrero, los luchadores
sociales corren más peligro ante las autoridades que los delincuentes.
HEREDANDO LA ALCALDÍA
Haciendo derroche
de abundantes recursos, Abarca Velázquez aprovechó el Segundo Informe de
Labores que su esposa María de los Ángeles, rendiría el pasado 26 de
septiembre, en su calidad de Presidenta del DIF Municipal, para preparar el
terreno de su candidatura a la alcaldía de Iguala, tal y como lo ha venido
haciendo el gobernador en la persona de su hijo, Ángel Aguirre Herrera,
diputado local por el PRD a quien se le han facilitado recursos públicos y
toneladas de despensas para irle ganando simpatías entre la población de
escasos recursos de Acapulco. Una disfrazada compra de votos.
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El propio Abarca
Velázquez narró a los medios locales: "El viernes tuvimos el segundo
informe de labores de la presidenta del DIF, donde se reunieron unas 4 mil 500
personas escuchando sin ningún problema. Al final actuó un grupo musical;
después de bailar como una hora –a ritmo de la Luz Roja de San Marcos–, yo
estaba muy cansado por el calor, y decidí con mi familia retirarme porque
tenían hambre mis hijas y nos fuimos a un restaurante".
En ese lapso
recibió una llamada del comandante de la policía preventiva municipal, Felipe
Flores, quien "me dijo que había unos disturbios de normalistas de
Ayotzinapa, que habían tomado algunos camiones de la central de autobuses. Le
di indicaciones que no quería ningún problema con ellos, porque sabemos de
antemano que a ellos (los estudiantes) les gusta sacar de quicio a las personas
y le di la instrucción que se mantuvieran alejados; esa fue la orden que le
di".
De hecho, al día
siguiente de la brutal represión ejecutada por los cuerpos de seguridad del
municipio y en la que ha se involucrado además a grupos delincuenciales, Abarca
debería rendir su Segundo Informe de Gobierno, mismo que canceló por la
gravedad de los hechos que, al parecer, se le salieron de control ya que
presuntamente se trataba de amedrentar a los normalistas con el evitar que con
sus protestas "empañaran" el acto político del alcalde. Situación que
ha derivado en una de las hipótesis que explican la agresión al autobús donde
viajaban los Avispones de Chilpancingo, equipo de fútbol de la tercera
división, ya que sus jóvenes integrantes fueron confundidos con estudiantes
normalistas que supuestamente reforzarían las inexistentes
"protestas" de sus compañeros, en contra del edil. Los deportistas
fueron rafagueados sin consideración alguna. Murió el conductor y un joven
futbolista, que sumados a los tres estudiantes y una mujer que se fue alcanzada
por la lluvia de balas, dan un total de seis víctimas.
A Abarca
Velázquez y a su esposa se les relaciona con la corriente Nueva Izquierda (Los
Chuchos), que en Guerrero encabezan el coordinador del Congreso, Bernardo
Ortega; el Secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, así como el diputado
federal del PRD Sebastián de la Rosa Peláez. Este último, salió en defensa de
Abarca Velázquez, aunque su apoyo, al igual que el del coordinador perredista
en San Lázaro, Silvano Aureoles, se diluyó ante la avalancha de acusaciones en
contra de su amigo y, ante la línea marcada por la dirigencia nacional y el
propio gobernador, de deslindarse de la papa caliente en que se han convertido
el edil con licencia y su esposa, ambos copropietarios del emporio comercial
Plaza Iguala y boyantes empresarios joyeros, de los pocos, se dice, a los que
curiosamente no han asaltado ni cobrado derecho de piso los grupos
delincuenciales.
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Tras el genocidio
local, centenares de postes de la ciudad aún lucían, como mudos testigos, la
imagen de la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa. Miles de
pendones fueron colocados en todas las calles con motivo de su segundo informe
como titular del DIF municipal. La propaganda, llevaba implícito el mensaje de
su anticipado destape pues debajo de su nombre se leía: “Presidenta (del DIF,
en letras chiquitas) municipal”. Ahora, todo es distinto y la bola de cristal
por donde hasta hace unos días, la pareja se miraba como segura triunfadora, se
ha tornado borrascosa y tinta en sangre por la artera muerte de los
normalistas.
EFECTO DOMINÓ CONTRA EL JAGUAR
Si bien la salida
de José Luis Abarca es ya un viaje sin retorno y las aspiraciones políticas de
su esposa, un proyecto inalcanzable, en su caída libre no van solos; atados por
la extensa cadena de complicidades peligran también el propio ex priísta, Ángel
Heladio Aguirre y hasta el candidato puntero en las encuestas, Armando Ríos
Piter, el llamado Jaguar de la Costa, apadrinados y protegidos al igual que el
ex alcalde de Iguala, por la corriente perredista de “Los Chuchos”.
Y paradójico,
pero el actual gobernador puede correr la misma suerte que Rubén Figueroa,
quien debió abandonar la gubernatura luego de la matanza de Aguas Blancas, del
municipio de Coyuca de Benítez, registrada el 28 de junio de 1995, en la que 17
campesinos fueron asesinados por elementos de la policía estatal, hechos que
fueron grabados para ser filtrados a los medios de comunicación. Aguirre Rivero
ha dicho "no estar casado con el puesto", lo que muestra su grado de
"debilidad institucional" –con que calificara el presidente Enrique
Peña Nieto a su administración–, y su incapacidad, como ocurrió con Figueroa,
para mostrar argumentos sólidos en su posible defensa, pues durante su
administración el crimen organizado terminó por fortalecerse en Guerrero.
A la luz de los
recientes hechos, el ex priísta ha terminado por convertirse en un pesado
lastre a la gastada imagen de los perredistas y en un potencial riesgo ante los
comicios del 2015. En el actual contexto, viscoso y amenazante con un alto
costo político, su renuncia no deberá extrañar a nadie pues, como es costumbre,
ya no representa para los intereses de "Los Chuchos", una apreciable
moneda de cambio. Las cosas pintan tan mal que ahora está en duda el supuesto
acuerdo de haber negociado a su favor la gubernatura de Guerrero a cambio del
apoyo otorgado en el Congreso a las reformas estructurales.
La masacre de
Iguala marcará un antes y un después para los planes de perredistas como el del
senador Armando Ríos Piter a quien uno de los últimos sondeos de opinión
realizados en Guerrero por Consulta Mitofsky, en julio pasado, ubicaban como el
puntero en las preferencias no únicamente de los precandidatos del Sol Azteca
sino de los probables abanderados de los partidos, de tal suerte que los
porcentajes le abonaban un 8,6% de las adhesiones electorales contra un 1,2 por
ciento del alcalde de Acapulco, Luis Walton y un 0,5 % de Manuel Añorve,
vicecoordinador de los diputados del PRI en San Lázaro y candidato perdedor con
su primo, y actual gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero, en 2011.
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Si bien pudiera
considerarse como holgada la ventaja del legislador federal, la ecuación queda
irresuelta luego del escenario que sobrevendrá a los cruentos hechos de Iguala
y que sin duda, influirán no únicamente en el ánimo de los electores
guerrerenses sino de los propios grupos del PRD local que han sufrido los
acosos y agresiones del gobernador Aguirre Rivero, quien no dejó de operar al más
puro estilo intimidatorio del viejo PRI. El escenario en cuanto a preferencias
partidistas por parte de la población guerrerense indica que todo puede
desmoronarse para el Sol Azteca ya que si bien Ríos Piter es puntero por amplio
margen, el PRD apenas y logra atraer como partido el 29 por ciento de la
votación contra un cercano 25 por ciento del PRI, porcentaje muy lejano al 14
por ciento de diferencia con que ganó la gubernatura el habilitado perredista,
Aguirre Rivero.
El tablero
electoral puede relanzar al propio Manuel Añorve quien en la pasada sucesión
ganó la elección interna del PRI a Ángel Heladio, situación que fue aprovechada
en el 2010 por el entonces jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard –que se
apuntaba como precandidato presidencial para el 2012--, para convencer entonces
a Los Chuchos de apoyarlo como abanderado de una coalición opositora que
encabezó el PRD. De hecho, se dijo entonces que el entonces senador Aguirre,
contaba con el apoyo de la corriente priísta del hoy presidente Enrique Peña
Nieto, de quien entonces se decía su amigo. Ahora las cosas han cambiado al
grado de que el Jefe del Ejecutivo declaró sobre el caso de Iguala: "es
muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que
tienen los propios gobiernos estatales", para luego, sin titubeos ni
concesiones, calificar al gobierno del convenenciero político híbrido, de
"debilidad institucional". La amistad que presumía Aguirre, no hay
duda, quedó en el pasado.
El ambiente que
al final de su sexenio dejó el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo,
cuando calaba en el ánimo del perredismo de Guerrero el asesinato del ex
Secretario de Gobierno y entonces líder del Congreso Local, amén de firme
candidato a la gubernatura, Armando Chavarria Barrera, perpetrado en agosto del
2009, no se compara con el peso de la brutal agresión cometida en contra de los
normalistas de Ayotzinapa, sobre todo por la resonancia que ya ha alcanzado a
nivel internacional –como la petición de justicia hecha al gobierno mexicano por
la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, y la descarada
intromisión del crimen organizado en los gobiernos municipales.
Si bien sobre la
persona de Torreblanca persistía la sombra de la autoría intelectual en el
homicidio del incómodo Chavarria, el asunto ante la opinión pública se ciño al
trágico desenlace de los problemas personales de dos políticos en pugna;
empero, ahora en la figura del actual mandatario estatal pesa tanto la presunta
complicidad con los grupos delincuenciales, como la falta de diálogo y acuerdos
políticos con los distintos grupos sociales a los que se ha marginado y
agredido.
La desatada
violencia en su gobierno no ha respetado a nadie y prueba de ello fue también
el asesinato cometido el pasado domingo 28, en la persona del secretario del
Comité Directivo Estatal del PAN en el estado, Braulio Zaragoza Magaña
Villalba, los tres presuntos sicarios victimaron al político a plenas nueve de
la mañana en el concurrido restaurante del hotel El Mirador, ubicado en los
acantilados de La Quebrada. Su estrategia de mando único mediante el cual sería
el gobierno del estado el que se ocuparía de la seguridad pública en los
municipios más conflictivos, se olvidó de atender Iguala, donde como lo declaró
el ahora alcalde con licencia –y al que se buscará cargarle todas las culpas–,
dio instrucciones a su jefe de la policía, mismo que como ya se anotó, operaba
con el aval de los cárteles de la región.
"LOS CHUCHOS" Y EL RECUENTO DE LOS DAÑOS
Ahora, los
estrategas del ya declarado aspirante al gobierno de Guerrero, el senador
Armando Ríos Piter, comenzarán a hacer el recuento de los daños ocasionados a
su precandidatura por Ángel Heladio Aguirre y el destituido José Luis Abarca.
El legislador no la tiene fácil porque públicamente se ha dicho amigo del
actual gobernador de quien recientemente expresó en el programa Tragaluz de TV
Milenio. "Trabaja en un estado complejo, con claroscuros,
seguramente". Quizá de manera premonitoria, le preguntaron al líder del
Movimiento Jaguar: ¿Hasta cuántos muertos vale un gobernador? "Yo creo que
ninguno", contestó. ¿Cuántos más en Guerrero?, le insistieron y dijo
tajante: "Yo espero que ninguno más".
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El problema es
que de sus declaraciones a la fecha, el número de víctimas ha ido en aumento y
se antoja difícil, caso imposible, que las fatídicas cifras puedan maquillarse,
para que "Los Chuchos", "mis amigos y mis compañeros de
equipo", como los califica Ríos Piter, logren catapultarlo como un
candidato triunfador. Hay muchas evidencias que los unen y señalan en la
reciente génesis guerrerense de ser apoyadores y silenciosos cómplices de los
abusos de poder cometidos por ahora endeble Ángel Heladio y el defenestrado
José Luis Abarca.
Su
apuesta antes y después de la masacre de Iguala, ya no es la misma. Ahora, “Los
Chuchos” llevan todas las de perder y muchas culpas que saldar, sin exentar que
pueden tener las manos manchadas con la sangre de los normalistas de Ayotzinapa
y de muchos otros líderes sociales que han convertido a Guerrero en un tétrico
camposanto.
El monto total de inversión se consiguió gracias a las
siguientes aportaciones: a través del Programa 3x1 Para Migrantes, el Gobierno
Federal otorgó 1 millón 689 mil 765.39 pesos, el gobierno del estado contribuyó
con 981 mil 405.39 pesos, el municipio con 1 millón 378 mil 147.55 pesos, la
Federación de Migrantes Hidalguenses en Illinois abonó 1 millón 335 mil 585.39
pesos y 115 mil pesos de los beneficiarios.
