domingo, 17 de agosto de 2014
Llega a su fin el emporio de Vázquez Peña en el sindicato de DINA
Llega a su fin el emporio de Vázquez Peña
Surgen irrefutables
pruebas de corrupción en el sindicato de los ex trabajadores de Dina
El ex tesorero, Miguel Vázquez Romero, hace
llegar a Expediente Ultra, elementos que corroboran sus denuncias públicas en contra
de Artemio Vázquez Peña, apoderado legal de los mil 200 copropietarios y esposo
de la líder de la ONMPRI de Hidalgo, Guadalupe Muñoz, donde lo responsabiliza
de desvíos por más de 500 millones de pesos y falsas acusaciones en contra del
empresario Manuel Samuel Castro
Por Ignacio León Montesinos / Fotos ERIKA RUIZ, EXPEDIENTE ULTRA y Especiales
La interminable
historia de fraudes y engaños con que Artemio Vázquez Peña, “apoderado legal”
de los ex trabajadores del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de
la Industria Automotriz, con sede en Ciudad Sahagún, pudo eternizarse en el
poder por más de tres décadas, parece llegar a su fin luego de que el último ex
tesorero de la organización legalmente reconocido, Miguel Vázquez Romero,
empieza a revelar con sólidas pruebas, los interminables fraudes cometidos por
el seudo líder y su círculo de incondicionales que como en el declive de las
mafias, lo van dejando sólo.
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| Está cerca el ocaso del cacique |
Como lo expresara en los micrófonos de la cadena Radio Fórmula, con Ciro
Gómez Leyva, Vázquez Romero teme por su vida tras haber destapado en los medios
nacionales, las presiones a que fue sometido por parte de Vázquez Peña y su
seguidores para que culpara al empresario Manuel Samuel Castro Mercado de la
muerte de José Matilde Cotonieto, trabajador fallecido por impacto de arma de
fuego el 28 de enero del 2012, en las inmediaciones de lo que fuera la armadora
Dina.
Su negativa le costó ser destituido y acusado de presuntos malos manejos a
los bienes de sus compañeros pero se guardó bien de recopilar las pruebas
suficientes para no sólo demostrar su inocencia sino poner al descubierto el
sistema de corrupción, chantajes y fraudes del “apoderado legal” y su camarilla
en la que se incluye a su esposa, la líder femenil priísta, Guadalupe Muñoz
Romero.
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| El empresario Manuel Samuel Castro buscó pagar directamente a los copropietarios |
Así, con una bomba de papel bajo el brazo en espera de hacerla estallar
ante las autoridades correspondientes, el ex tesorero ha responsabilizado
públicamente de su integridad física a la mafia sindical, allegando a Expediente
Ultra, pruebas de sus argumentos y detallando en un escrito de propia mano,
los pormenores de los desfalcos e irregularidades detectadas tras la auditoría
practicada a los bienes y fondo sindicales, a su llegada al cargo en julio de
2011, y cuyo monto supera los 500 millones de pesos.
La última década, sin duda, se convirtió en un verdadero viacrucis para
los aproximadamente mil 200 ex trabajadores de lo que fuera la boyante armadora
Dina, luego de que las autoridades laborales determinaran entregarles la planta
con sus inventarios correspondientes, como pago de sus pasivos laborales. Desde
entonces y asiéndose de manera enfermiza del poder y de su cómoda fuente de
ingresos, Vázquez Peña echó mano de toda tipo de estratagemas con el apoyo
político de su cónyuge, Guadalupe Muñoz, dirigente de la organización de
mujeres priístas en Hidalgo (ONMPRI) y quien ha pregonado la supuesta
protección que le otorga la dirigente nacional de dicha organización, la
senadora Diva Gastélum Bajo.
Desde 2003 en que los trabajadores pasaron a la categoría de
copropietarios, Vázquez Peña se montó como el negociador y “representante
legal” para seguir manipulando a sus agremiados y operar, de acuerdo a sus
intereses personales, la venta de la planta que permitiría, al menos en teoría,
que los sindicalizados tuvieran un ingreso adecuado para rehacer sus vidas. El
problema es que ya son once años por lo que han desfilado diversos compradores
a los que Vázquez Peña ha terminado esquilmando por lo que la operación final,
hasta la fecha, no se ha concretado, como lo denunció en mayo de 2011 este
medio informativo (Expediente Ultra No 37).
La larga cadena de desencuentros con los diversos empresarios que han
pretendido adquirir las instalaciones con sus respectivos equipos, llegó a los
extremos de desbordada violencia luego de que el 28 de enero del 2012, Artemio
Vázquez apoyado por su séquito de incondicionales, azuzó a sus agremiados a
recuperar “por la fuerza”, la planta entregada con antelación y ante notario
público, al empresario Manuel Samuel Castro Mercado, representante de la firma Pacific
International con quien Vázquez Peña y el entonces comité sindical,
firmaron un contrato de compra venta por 170 millones de pesos en marzo del
2010.
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| Expediente Ultra denunció a la mafia sindical |
También conocido como “El Pájaro”, Vázquez Peña, acusó a Castro Mercado de
haber incumplido con los pagos acordados para la liquidación, razón por la cual
los ex trabajadores debían recuperar lo que “era suyo”, no importando, como
expresó en la asamblea
previa a los hechos sangrientos de aquel día –y cuya copia obra en nuestro
poder–, que se corrieran “riesgos”, contradiciendo lo expresado tiempo después
también ante los micrófonos de Radio Fórmula donde señaló que se había acordado
acudir a la planta a charlar en “forma pacífica” con el comprador. Al respecto,
material fotográfico recabado tras el enfrentamiento del 28 de enero, mostró
una impresionante cantidad de piedras arrojadas al interior de la planta,
elemento que ha demostrado que nunca acudieron en forma pacífica, tal y como lo
habían acordado minutos antes en su asamblea.
¿Cuál fue la razón de fondo que impulsó a
Vázquez Peña a tomar tan urgentes medidas extremas? ¿Era realmente justificado
incitar a la violencia a sus agremiados? Todo indica que estaba a punto de ser
desbancado de su trono porque como el mismo Miguel Vázquez lo establece en sus
argumentos entregados a este medio, el empresario ya negociaba directamente con
los copropietarios el pago de su parte proporcional del convenio de compra
venta acordado dos años antes, cansado de que el “representante legal” urdiera
sus acostumbradas argucias obstaculizando la entrega del dinero que por ley
correspondía a los ex trabajadores.
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| La esposa del cacique, Guadalupe Muñoz dirigente del ONMPRI de Hidalgo, se dice protegida de altos políticos |
En el punto seis de los razonamientos
entregados a este medio, el ex tesorero explica sobre el particular: “Cabe
aclarar que el representante legal de Pacific International, Manuel
Samuel Castro Mercado, había contratado los servicios del Notario Número 4 de
Ciudad Sahagún para que diera fe de los pagos que efectuaría el miércoles
siguiente a lo acontecido. Pagos incluso a muchos copropietarios que no eran
sindicalizados y a ex empleados de confianza. Hecho que nos enteramos
personalmente al asistir a la notaria antes dicha”.
Lo anterior corrobora que al sempiterno líder
lo que menos le ha interesado tras el cierre de la armadora Dina es beneficiar
a sus compañeros con la legítima venta de la planta. Sencillamente, se secaría
la suculenta ubre de la que ha bebido todos estos años para su beneficio
personal, se le acabaría el negocio y estaría expuesto a la acción de la
justicia obligado a rendir cuentas a sus agremiados y cuyo manejo, como también
establece con claridad en su denuncia el ex tesorero, siempre fue discrecional
y a capricho de Vázquez Peña, lo que ha terminado por mermar los 524 millones
de pesos arrojados en el valor del inventario físico realizado a las empresas
MCI y SERSA, al momento de la adjudicación de la planta a favor de los
trabajadores por parte de las autoridades de la Secretaría del Trabajo. El
levantamiento físico y avalúo de todos los bienes se realizó en el año del
2004.
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| Denuncia de puño y letra |
A su llegada al
cargo, en julio del 2011, Vázquez Romero decidió practicar una auditoría a su
antecesor José Luz Pérez Pastrana ya que las irregularidades brincaban por
todos lados. En su punto cuatro, el ex funcionario sindical, explica: “Fui
comisionado de cuentas junto con otros compañeros para aclaración, ya que había
mal uso de los recursos de las ventas de los materiales, herramientas y todo lo
que se había vendido de las ex empresas MCI y SERSA. Cuando se inicia mi
periodo el 1 de julio del 2011, no quise recibir la tesorería por el tesorero
saliente, ya que había muchas irregularidades en todas las carpetas de gastos,
pero no existía ninguna carpeta de ingresos, por lo que nunca fue firmada el
acta de recibido, practicando una auditoría interna, encontrando muchos gastos
sin comprobar y sobre faltantes no pagados de los copropietarios que en comités
anteriores le entregaron a José Luz Pérez Pastrana”.
Pérez Pastrana había jugado un papel de vital
importancia en los primeros pagos realizados por Manuel Samuel Castro Mercado
tras el convenio firmado con el sindicato en el 2010, pues junto con el
entonces Secretario General, Rubén Espejel Alvarado, firmaron los recibos de
las cantidades entregadas por el empresario, echando por tierra las falacias de
Vázquez Peña de los incumplimientos del representante de Pacific
International (Expediente Ultra No 37). Tiempo después cuando
intentaron birlar tales recursos al comprador fueron enviados a prisión por el
delito de fraude. Siendo aquí donde la “hermandad” de la mafia sindical empezó
a resquebrajarse pues “El Pájaro”, poco hizo por sacar de la sombra a uno de
sus más fieles subordinados, como lo denunciara en la asamblea del 27 de agosto
del 2011, la esposa de Pérez Pastrana, quien indignada, señaló:
“Como lo dijo don Rubén hubo tres detenidos:
el señor Rubén, el señor Loyola y el señor Pastrana; bueno, cuando yo visité a
mi esposo en el Ministerio Público lo primero que me dijo fue: ve a ver al
señor Pedro y al señor Artemio, cuando llegué al sindicato estaban los señores
y su respuesta fue negativa, no prestaron ayuda moral, física ni económica. Fue
una rotunda negativa”. Así quedó registrada la ingratitud del “apoderado
legal”, como lo consiga claramente la copia del documento donde se tomó nota de
la álgida asamblea de ése día, entregado a Expediente Ultra.
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| Algo de las migajas que Artemio le otorgó al fallecido Cotonieto |
¨Al
analizar a detalle el contenido de la asamblea del 28 de enero del 2012, previa
al misterioso homicidio de José Matilde Cotonieto Sánchez, se desprende con
claridad que Artemio Vázquez Peña ya preparaba las garras para clavarlas en su
nueva presa: los empresarios del llamado Grupo Venezuela, a los que buscaba por
todos los medios ocultar los juicios entablados en su contra por los fallidos
compradores como el Grupo Serna, de Saltillo, Coahuila, y Castro Mercado, de Pacific
International. Dos eran pues las razones de peso para apoderarse de la
planta, a como diera lugar: la primera, impedir que los copropietarios cobraran
su parte proporcional de la venta de la planta para otorgar su firma de
reconocimiento a Samuel Castro –lo que era el fin del negocio de “El Pájaro”–,
y; dos: tener la posesión de las instalaciones para engañar a la gente de Grupo
Venezuela bajo la apariencia de que todo estaba en regla.
De hecho, Artemio Vázquez argumentó a los
asistentes a la asamblea que el nuevo abogado contratado para atender los
juicios de la organización, Carlos Tello Huitrón, que cobraría cuatro millones
por sus servicios, y se coordinaría con otro abogado de nombre Federico Carreño
Carrillo, estaba de acuerdo en el uso de la fuerza para despojar de la planta a
Manuel Samuel Castro. Así arengaba a sus huestes el “apoderado legal”:
“Compañeros, se corren riesgos, compañeros como ya decíamos, ya tenemos
argumentos y abogado que medio le comentábamos algo de lo que está pasando, y
que él mismo vio y saco fotos, bueno pues ya se está trabajando en eso y pues
ya tenemos que entrarle porque finalmente ya como decías, compañero, los otros
abogados decían: eso no. Y a lo mejor hoy con todo lo que está pasando pues
tenemos que frenarlo forzosamente”.
Horas después, la estrategia de Vázquez Peña
y sus incondicionales dejaba como saldo un muerto, que se llevaba a la tumba
una estela de dudas en torno a su deceso, y la detención del empresario Manuel
Samuel Castro Mercado, que fue sacado por policías de la bóveda de seguridad de
las instalaciones donde se guareció junto con sus hijos, así como de varios
elementos de seguridad que custodiaban la planta. Con el representante de
Pacific International en la cárcel se vino abajo el pago a los copropietarios.
“El Pájaro” había ganado una vez más no importando que sus compañeros y sus
familias siguieran pasando hambre.
La mafia sindical tomó al fallecido
trabajador como bandera para tratar de crucificar a Castro Mercado quien luego
de su detención, y ya instalado en el penal de Pachuca denunció que algunos
funcionarios judiciales le habían pedido su firma devolviendo las instalaciones
a cambio de su libertad. De hecho, desde el momento de que aparecieron a escena
elementos policiacos, ministerios públicos y peritos comenzó a tejerse un
enredo jurídico de tales dimensiones que desembocaron, hace un par de semanas,
en la remoción del Juez Tercero Penal de Pachuca, Ciro Juárez González, quien
desechó del pliego inicial de consignación, diversas pruebas periciales que
indicaban con precisión que el disparo de arma de fuego que privó de la vida a
José Matilde Cotonieto, fue realizado a menos de 80 centímetros de distancia
pues el cuerpo presentaba el “tatuaje” de pólvora que dejan los disparos hechos
a quemarropa, poniendo en tela de duda que la ojiva mortal tuviera su origen en
alguna de las armas que gente de seguridad portaba el día del enfrentamiento, y
cuya distancia era mayor a los 20 metros.
Así, aunque “El Pájaro” logró obstaculizar
una vez más la conclusión de la venta de la planta armadora y pensó haberse
quitado de en medio al incómodo empresario que se negó a aceptar sus chantajes,
el “apoderado legal” no contó con que el empresario no cejaría en su intento de
demostrar su inocencia ante las autoridades, pues mientras Vázquez Mercado y su
gente lo acusaban directamente de haber sido el autor material del homicidio de
Cotonieto Sánchez, otros implicados lo ubicaban como autor intelectual, razón
por la que el acusado promovió un amparo ante el Segundo Juzgado Federal con
sede en Pachuca, donde solicitaba la reposición del viciado proceso por parte
del juez Ciro Juárez.
En una primera instancia se le negó tal
derecho, pero en fecha reciente el Tribunal Colegiado del 29 Circuito, ordenó
al Juzgado Segundo reponer el juicio de amparo; es decir, que para titular del
Juzgado Tercero el mundo se le venía encima pues tendría que explicar a las
instancias federales como es que pasó por alto las pruebas de necropsia donde
se detallaba que el disparó que privó de la vida al ex trabajador, fue hecho a
boca de jarro, como también testimonios como el rendido por el entonces
Secretario de Seguridad Pública de Tepeapulco, con jurisdicción en Ciudad
Sahagún, Jesús Carlos Bahena Olvera, quien declaró que había encontrado a
Castro Mercado junto con otras personas en la bóveda de la empresa, a donde se
había resguardado con sus hijos y otros empleados; es decir, que no había
estado en el sitio del enfrentamiento como aseguraban “El Pájaro” y sus
seguidores. Para fortuna de Ciro Juárez, su cambio de adscripción le llegó del
cielo y lo libró de enfrentar cargos por negligencia oficial. Ahora la reposición
del proceso con todas las pruebas allegadas por la defensa del inculpado,
estará en manos del juez Anastasio Hernández Rodríguez.
El prolongado conflicto ya ha tocado a las
puertas de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como
de otros organismos internacionales como la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos, lo que terminó por atraer la atención de medios nacionales
como los espacios radiofónicos de comentaristas como Ciro Gómez Leyva y Sergio
Sarmiento, y medios impresos como Milenio, donde se ha corroborado que lo
publicado hace tres años por este medio, resultó ser una verdad contundente
respecto al modus operandi de la mafia sindical de Vázquez Peña.
ESCONDIDO
POR LOS RINCONES, TEMEROSO QUE ALGUIEN LO VEA…
Es innegable que con la reposición
impostergable del proceso contra Manuel Samuel Castro, y la bomba de papel que
en cualquier momento puede hacer estallar el ex tesorero Miguel Vázquez Romero,
“El Pájaro”, está por asistir a las exequias de su ahora abollado trono
sindical. Además de contar con las pruebas suficientes para comprobar los malos
manejos y desvío de fondos en contra de los intereses de los mil 200
copropietarios, Vázquez Romero sabe a la perfección que el representante de Pacific
no fue el asesino de Cotonieto Sánchez, al grado de que Artemio Vázquez y el
abogado Carlos Tello, intentaron presionarlo para que declarara en contra de
Castro Mercado, como lo denunció públicamente, y a nivel nacional, ante los
micrófonos de Radio Fórmula.
En el documento entregado a Expediente
Ultra, Miguel Vázquez no se arredra y abunda al respecto: “Artemio Vázquez
Peña debe responder jurídicamente a lo acontecido; asimismo, hay varia gente
involucrada donde aparece y sigue apareciendo, en un video en internet de la
balacera de Ciudad Sahagún, donde se aprecia perfectamente que están moviendo
el cadáver del extinto compañero, José Matilde Cotonieto Sánchez, de los que se
identifican plenamente, está el actual Secretario General, Porfirio Ramírez
Sarabia, con un suéter blanco, Hugo Arista Ruiz, con una chamarra de paño
negra, Lorenzo Peña Zárate y otros, por lo que todos estos deben saber
perfectamente quien le disparó al difunto, ya que la prueba de balística dice
que el disparo fue hecho a unos 15 ó 20 centímetros de donde estaba, los cuales
nunca han sido llamados a declarar”.
Continúa en su denuncia el ex tesorero: “Así
como los que han declarado en contra del empresario Manuel Samuel Castro
Mercado, ha sido por presión de los abogados y del apoderado, y como los obligaron
a decir mentiras hoy están metidos en serios problemas judiciales, ya que por
temor ya no se han presentado a declarar. Esta responsabilidad cae toda en el
apoderado: Artemio Vázquez Peña, quien llevó a sus hermanos a las puertas de la
fábrica: Fortino y Guadalupe Vázquez Peña, y otros más; los cuales no tenían
nada qué hacer ahí. El primero, con un altavoz incitando a los copropietarios
que estaban, de que tomarán la planta que era suya, quien se aprecia en uno de
los videos con una visera blanca y de cabello blanco, canoso”.
En el video de referencia, también se ha
detectado otro elemento que pasado por alto por las autoridades: el cadáver
aparece con la sangre seca en sus ropas lo que hace pensar que no fue asesinado
en el lugar del enfrentamiento y su cadáver fue sembrado con el avieso
propósito de incriminar al representante de Pacific International.
Conforme pasa el tiempo y sus
incondicionales van dándole la espalda, negándose a ratificar en los juzgados
sus falsas acusaciones, el tic-tac de la bomba de papel que guarda celosamente
el ex tesorero Miguel Vázquez, suena insistente anunciando la explosión que
hará pedazos el emporio de abusos y corrupción montado por Artemio Vázquez, que
parece llegar a su fin.
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